La medición de diciembre de 2018 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,5% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $60,50 se lo llevan los distintos niveles de gobierno. 

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 60,5%, la participación del Estado en soja es del 66%, maíz 51,1%, trigo 51,3% y girasol 68,4%. 

Con respecto a la medición de septiembre del corriente año, cuando el índice marcó una participación del Estado en la renta agrícola del 60,8%, la actual medición muestra una caída de 0,3 puntos porcentuales. 

Los principales impulsores del cambio son:

·         Caída de los precios de soja, trigo y girasol, aumento de maíz, esto impulsa un aumento del indicador;

·         Deterioro del tipo de cambio real, por incipiente caída del tipo de cambio con respecto a la medición de septiembre, pero aumentos de costos en labores que impactan en este índice, y aumentos de costos de fletes que impactarán en el de marzo cuando ya se esté en época de cosecha. Esta situación impulsa un aumento del indicador.;

·         Como ya está iniciada la campaña 2018/19, se utilizan rindes promedio de las tres campañas previas a la 2017/18, por lo que el efecto sequía deja de operar en los cálculos, esto impulsa una baja del indicador por mayores rindes; 

·         En términos de impuestos no hay cambios, ya que los derechos de exportación ya estaban vigentes en la medición anterior, y los incrementos de inmobiliarios rurales tasas viales recién tendrán impacto a partir de enero. 

Precios Con respecto a septiembre de 2018, se observan caídas en los precios disponibles en dólares de tres de los cuatro cultivos considerados. La soja cayó un 7%, el trigo un 6%, y el girasol un 12%. El maíz tuvo un incremento de 9%. 

Si la comparación se hace contra diciembre de 2017, se observa un movimiento negativo de 8% para soja, 2% para maíz y del 24% para girasol y un incremento del 16% en el trigo. En este punto hay que tomar en consideración que maíz, trigo y girasol tienen un impacto negativo de 10,6% por efecto de los nuevos derechos de exportación, mientras que soja tenía en diciembre de 2017 una alícuota del 30% y al día de elaboración del presente informe una alícuota del 28,6%  

DÓLAR

En los últimos 12 meses, el incremento del tipo de cambio fue del 115%. En los últimos 3 meses, cayó 2,1%. Por su lado, los costos de labores se han incrementado cerca de un 15% en pesos con respecto a septiembre. Este aumento se vio amortiguado por el resto de costos dolarizados, como fertilizantes y fitosanitarios, por lo que los costos de producción tuvieron un incremento en pesos de alrededor de un 1%. Este incremento de los costos en pesos, con un tipo de cambio que ha tenido una incipiente baja, genera algún deterioro del tipo de cambio real efectivo del sector. 

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 62% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 38% están pesificados. Esta relación en junio era 59%-41%, pero al crecer de manera abrupta el tipo de cambio, hace que los componentes dolarizados tengan mayor peso relativo. Mientras que en septiembre era 64%36%, indicando cómo los costos en pesos sufrieron inflación y ganaron participación relativa.  

Si se considera la renta de la tierra dentro del esquema de costos, los costos dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 73%. 

El componente en pesos, también suele tener una alta relación con el dólar por dos motivos: la rápida transmisión de la devaluación a los precios que hay en una economía inflacionaria como la argentina; y porque dentro de los costos pesificados está, por ejemplo, el flete cuyos costos dependen en gran medida del precio del combustible y este está ligado directamente al precio del petróleo y del dólar. Lo mismo con las labores. Además de que el valor de los camiones y maquinaria también guarda correlación con el tipo de cambio. 

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 66% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 34%. Si se considera la renta de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 72%. 

Índices Provinciales: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa 

Mientras el índice FADA nacional es de 60,5%, Córdoba registra un 59,3%, Buenos Aires 63,4%, Santa Fe 61,0%, La Pampa 60,6%, y San Luis 57,9%. 

En estos resultados, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes, que generan efectos distintos sobre cada uno de los cultivos.  

En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área.

Para cada caso se utilizan los rindes promedio de los últimos 3 años y los costos de producción de labores e insumos necesarios para esos rindes promedio en cada región. En cuanto a los fletes se estimaron para Buenos Aires 250 km., Córdoba 340 km., Santa Fe 120 km., San Luis 580 km. y La Pampa 340 km.  

En cuanto a los impuestos nacionales, van en línea con el valor de la producción y con la rentabilidad en cada provincia, por lo que son más altos en términos absolutos en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y más bajos en San Luis y La Pampa. 

Los impuestos provinciales presentan divergencias. En el caso de Buenos Aires, significan unos $662 por hectárea, la mayor parte inmobiliario y el resto ingresos brutos. Pero al mismo tiempo, los partidos cobran sus propias tasas, la mayoría son tasas viales con un 70% de lo recaudado destinado a los caminos rurales y el otro 30% al municipio. Estas tasas significan, en promedio, unos $124 por hectárea, con las más diversas formas de cálculo y los más diversos valores. Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $786, representando un 2,4% del valor de la producción. 

En el caso de Córdoba, sólo se paga impuesto inmobiliario rural, la producción primaria está exenta de Ingresos Brutos y no existen las tasas municipales. Así, representa 1,04% del valor de la producción. 

Esta parte merece una aclaración, si en lugar de tomar el valor bruto de la producción, se toma el ingreso neto de gastos de transporte de los productores, los impuestos inmobiliarios rurales de Córdoba y Buenos Aires quedan en una situación más equilibrada. Esto es así por la diferencia en los costos de transporte entre una provincia y otra.  

En el caso de Santa Fe, al igual que Córdoba, no se pagan Ingresos Brutos, pero si existen las tasas municipales como en el caso de Buenos Aires. El valor promedio del impuesto inmobiliario rural es de $443. Aunque como se dijo más arriba, con altas disparidades regionales, los campos del sur provincial pueden pagar decenas de veces lo que pagan algunos del norte. Esta disparidad es importante aun considerando la capacidad productiva y la diferencia en el precio de la tierra. En cuanto a las tasas municipales, se estimaron en un promedio de $145 por hectárea. En la mayoría de los casos estas tasas están expresadas en litros de gasoil. 

San Luis, tiene un impuesto inmobiliario rural sustancialmente más bajo que las otras provincias, sin embargo, tiene una especie de “derecho de exportación interno”. Cobra una tasa que incluye “guías de campaña” y “certificados de venta”. Los certificados se pagan tanto para la venta dentro de la provincia como la producción que se dirige fuera de la misma. Por otro lado, se paga la guía, para la producción que se transporta fuera de la provincia. Estas tasas se suman a un pago a cuenta de ingresos brutos, y se concentran en el llamado Do.Pro. (Documento provincial).  

Por ejemplo, una tonelada de soja paga $10 en concepto de guía, más $15 de certificado, más $20 de pago a cuenta de IIBB, pagando un Do.Pro. por tonelada de $45. 

Al igual que San Luis, La Pampa también tiene una especie “derecho de exportación interno”. Se llaman “guías cerealeras” y se cobran por camión. Son distintas para cada Departamento, y tienen distintos valores si los granos se dirigen a un lugar dentro del Departamento, fuera del Departamento o fuera de la Provincia. El promedio por hectárea de estas guías es de $66. 

Por su parte, el inmobiliario rural promedio es de $291,60 por hectárea. En cuanto a Ingresos Brutos, paga una alícuota de 0,5%, representando cerca de $83 por hectárea. 

COSTOS

Para profundizar en cada caso, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo del índice se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción. 

Al analizar los costos resaltan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 11% y el 14% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz. Resulta llamativo que estos gastos representen lo mismo que cuestan los fertilizantes, tanto en maíz como en soja. 

El segundo punto, son los fletes, donde se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que uno se desplaza hacia el interior mediterráneo. En el caso del maíz, el flete representa el 18% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 21%, en San Luis el 21% y en La Pampa el 22%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 12%. Este indicador se ha reducido drásticamente con respecto al año anterior, porque creció el valor de la producción por encima de lo que creció el costo de transporte, como efecto de la devaluación.