Hay temor de ir en contra de la presión popular, con una ciudadanía desinformada

El debate sobre el uso del glifosato, el herbicida más utilizado a nivel mundial, llegó desde la Unión Europea para instalarse en nuestro país. Desde el viejo continente hasta la ciudad de Rosario, el tema desató una gran controversia, ganándose enemigos y adeptos que aún luchan para hacer prevalecer su ideología. Pero cuando se trata de de un uso práctico, las ideologías deben dejarse de lado, para darle lugar a las evidencias. Y en este caso, las pruebas científicas juegan un rol fundamental a la hora de determinar la prohibición o no del herbicida.

Podría decirse que la saga del glifosato, como la llaman algunos, tuvo su origen en la Unión Europea. Su punto de máximo fervor fue en 2017, cuando la Comisión Europea se vio obligada a decidir el futuro del herbicida. Si bien la UE tomó una decisión a fines del año pasado, el debate comenzó dos años antes cuando en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), marcó al glifosato como "posible cancerígeno". A partir de ese momento, las alarmas mundiales comenzaron a sonar, alertando sobre las consecuencias del herbicida más popular para la salud. El estudio presentado por la IARC, generó un gran revuelo. Poco tardaron los activistas en convertir el tema en su lema de campaña, generando un gran desconcierto sobre los riesgos reales del herbicida para la salud de las personas.

Si algo le faltaba a la Unión Europea, era extender por dos años un debate en torno al glifosato, basándose en un único estudio que atentaba contra el prestigio que el herbicida supo construir desde su implementación, décadas atrás. El tiempo que se tardó en llegar a una resolución sobre el glifosato, sacó a relucir el peor costado de las instituciones europeas, que venían siendo golpeadas por crisis de un calado político mucho más profundo que aquel del glifosato. Finalmente, en noviembre de 2017, la Comisión Europea llegó a un veredicto y decidió renovar la autorización del glifosato por cinco años más.

Resulta que el único estudio que parecía probar la conexión entre el glifosato y el cáncer, en verdad había sido editado, para llegar a esos resultados. Así lo confirmó una investigación llevada a cabo por la agencia de noticias Reuters, que puso en evidencia las alteraciones que se habían realizado sobre el estudio de la IARC. Además, otras organizaciones con un gran reconocimiento mundial como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, concluyeron que el compuesto no representa una amenaza para la salud humana.

Más allá de las consecuencias políticas de la indefinición que atascó durante dos años el debate, la decisión de la Unión Europea con respecto a la utilización del glifosato generó alivio a nivel internacional. No sólo porque se incorporaron estudios y pruebas científicas que despejaron las dudas con respecto al herbicida y su conexión con el cáncer o las malformaciones congénitas, sino porque las consecuencias de su prohibición hubiesen obligado a rever las prácticas agrícolas a nivel mundial.

Al mismo tiempo que la Unión Europea intentaba salir del laberinto de confusiones en el que se había metido, en nuestro país el asunto comenzaba a ganar terreno. La saga de la UE, podría compararse con la réplica casi exacta, que tuvo en Rosario. Aunque con menos impacto internacional, el debate fue igual de caluroso que en el viejo continente. Sin embargo, el resultado fue distinto.

Mientras en Rosario se llegó a la conclusión de prohibir el glifosato en zonas periurbanas, a partir de criterios arbitrarios y sin haber llevado a cabo un proceso de toma de decisión claro, la UE decidió inclinarse por la evidencia científica. Si bien en nuestro país, las pruebas científicas también demostraron la seguridad del glifosato, no fueron tomadas en cuenta a la hora de legislar. En 2009 se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) y las conclusiones de los expertos demostraron que no hay correlación entre el glifosato y el cáncer. Lo mismo sentenció el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), aunque en Rosario, prefirieron ignorar dichos informes. Quizás por temor a ir contra la presión popular, ejercida por una ciudadanía desinformada y sumamente manipulada por el fuerte activismo local contra los herbicidas.

Porque es difícil reeducar al público, una vez que se instala la toxicidad de un producto que se utiliza para producir los alimentos que se consumen a diario en cada hogar. Sin embargo, legislar basándose en emociones o en información sin sustento científico, contribuye a la malinterpretación y a la inseguridad y desconfianza de los consumidores en los productos y en aquellos que los producen. Y perjudica a quienes viven de esa producción y que ahora, deben rever sus prácticas y reemplazar al herbicida más eficaz, por otro cuyos riesgos se desconocen. Riesgos enormes, provocados por la falta de criterio científico a la hora de legislar.