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Marchas y contramarchas de una Ley que finalmente sale a la luz

 

La nueva versión de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria fue aprobada por el Senado los primeros días de octubre. Ahora vuelve a la Cámara baja para su aprobacióin final. Detalles y análisis del proyecto.

PwC Argentina repasa los puntos más importantes junto a Andrés Sarcuno, director de Forensic Services y Claus Noceti, director de Regulaciones y Comercio Internacional.

La nueva versión, fruto del acuerdo de distintos sectores políticos, se muestra como un texto más homogéneo en relación a textos análogos de otros países, y mucho más efectivo en cuanto a que viene a dar respuesta a la mayoría de las críticas que los textos previos habían sabido recibir.

Delitos alcanzados

Si bien la Cámara baja había incluido todos los ilícitos, el Senado devolvió al texto su espíritu original, penalizando únicamente los siguientes actos:

El cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal;
Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto por el artículo 265 del Código Penal;
La concusión, previsto por el artículo 268 del Código Penal;
El enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previstos por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal;
La publicación o certificación, de Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Programa de integridad

Este proyecto mantiene la obligatoriedad de las empresas respecto al desarrollo de un "programa de integridad" orientado a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción, que deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, con su dimensión y con su capacidad económica. Como gran novedad, y en respuesta a una de las deudas más importantes que arrastraba del pasado, se determina claramente la eximición de toda sanción, para aquellas compañías que cumplen adecuadamente con este programa.

Específicamente, el nuevo artículo nueve indica tres condiciones que deberán ser cumplidas para lograr la eximición de la pena: (i) que espontáneamente la empresa haya denunciado un delito previsto en la ley, como consecuencia de una actividad de detección; (ii) que haya implementado el sistema de integridad; (iii) y que haya devuelto el beneficio obtenido de forma ilegal.

Sin lugar a dudas, un programa de integridad eficaz y efectivo será un elemento crucial para que las organizaciones pueden defenderse de este tipo de delitos.

La figura del arrepentido y el colaborador eficaz

El rechazo en la Cámara de Diputados de la figura del arrepentido fue confirmado en esta nueva versión del proyecto. A modo de recordatorio, esta figura permitía a las empresas involucradas en casos de corrupción, y mediante una aplicación retroactiva de la norma celebrar "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información, sin intervención judicial, por delitos anteriores a la ley, obteniendo de esta forma un tratamiento más beneficioso. Este punto resulta uno de los pocos (sino el único) que pudiera ser vuelto a analizar en la cámara baja, antes de la sanción definitiva de la ley.

Caso contrario es el de la figura del colaborador eficaz, que fue aprobado en ambas Cámaras y se traduce en el acuerdo entre una empresa y el Ministerio Público Fiscal que, en el marco de nuevas investigaciones, permite el intercambio de información para identificar personas, tanto de la empresa como del sector público, datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, y el recupero del producto o las ganancias del delito.

Prescripción

“Uno de los puntos más discutidos de la versión anterior era la imprescriptibilidad de los delitos comprendidos por la ley, lo que terminaba por equiparar este tipo de delitos económicos con los delitos de lesa humanidad. Finalmente, el texto aprobado por el senado determina un plazo de prescripción similar al del Régimen Penal Cambiario, es decir, de seis años,” comenta Claus.

Responsabilidad Sucesiva

Andrés agrega que “se confirma también la ‘responsabilidad sucesiva’ lo que determina que, en casos de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, la responsabilidad de la persona jurídica es transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente”.

Sanciones

“Otra de las modificaciones sustanciales que se evidencia del nuevo texto, giran en torno a las sanciones (tema también sumamente controvertido en la versión anterior). Se propone entonces, un nuevo esquema de penas, basado en la ganancia de la empresa al momento de cometer el delito, con multas que van de dos a cinco veces el beneficio obtenido indebidamente. A esto debe sumársele también la posibilidad de suspensión total o parcial de actividades; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; e incluso, la disolución de la sociedad” concluyen ambos.

 

 

FUENTE: Informe de PWC enviado a Comex online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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